La libertad condicional otorgada a la terrorista newyorkina del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Lori Berenson, no es exactamente el problema. El inconveniente es saber a ciencia cierta si el gobierno -con suficiente criterio para indultar a diestra y siniestra a través del Poder Judicial- tiene la capacidad de mantener un servicio de inteligencia capaz de controlar las acciones de por lo menos 500 terroristas puestos en libertad hasta el día de hoy. ¿Alguien sabe a qué se dedican, se reunen en algún lugar, tienen actividad política, trabajan, cómo se mantienen? ¿Y acaso, el sólo hecho de ir a firmar todos los meses es una garantía de su resocialización? Al menos en el caso de Berenson, que aún no muestra signos de arrepentimiento visibles frente a la justicia, es una gran duda.
Desde el año 2003 hasta hoy por la mañana que yo sepa, son ya 490 los presos por terrorismo que han dejado las cárceles; todos con libertad condicional. Y sólo desde el 2003 al 2004, el número de redimidos llegaron a 225. Por otro lado, sabemos que en el mismo camino, y bajo la misma sumilla de trámite están Osmán Morote Barrionuevo, Margot Liendo Gil -ambos integrantes de Sendero Luminoso-, así como Maritza Garrido Lecca -la bailarina en cuya casa capturaron a Abimael Guzmán- quienes -si el poder Judicial les concede la gracia- también podrían quedar en libertad antes de fin de año.
Ahora, éste beneficio otorgado a Lori Berenson ha provocado una serie de protestas entre los vecinos de Miraflores. A la estadounidense sentenciada a 20 años de prisión por participar en planes para la toma del Congreso de la República en el año 1995, le espera un domicilio en Miraflores -departamento 503 del edificio ubicado en la avenida Grau 598- donde, -con justa razón- los vecinos mantienen el temor de volver a los años de la barbarie terrorista, con reuniones sospechosas de gente que nadie conocía en la cuadra, y que resultó un buen día con atentados de coches bombas como el escalofriante recuerdo de Tarata. Y peor aún cuando la jueza Jessica León, le otorgó el beneficio de semilibertad sin que la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE) realizara una investigación a la vivienda que ofreció la defensa de Berenson, Aníbal Apari -que además es su esposo-.
En todo caso, al no haberse cumplido, ni siquiera con tomarle la declaración de legalidad en el contrato con los propietarios del inmueble -Ana María de Romaña Málaga y Jorge Luis Carmen del Solar- alquilado para la residencia de la militante del MRTA, serán dos puntos importantes para que la Fiscalía y la Procuraduría Antiterrorismo alisten una apelación al fallo de semilibertad otorgado a Lori Berenson. Pero ello no resulve en sí el verdadero dilema que en los próximos meses podríamos repetir: ¿Qué hacemos con tantos presos por terrorismo que pedirán los mismos beneficios? ¿Siguen siendo un peligro entre la sociedad o es que estamos tan estigmatizados con Sendero Luminoso y el MRTA que no somos capaces de perdonar?
Monseñor Luis Bambarén, ex presidente de la Conferencia Episcopal Peruana ha sido claro y tajante: Lori Berenson es un peligro para la sociedad ya que no está arrepentida de haber apoyado a integrantes del movimiento MRTA. Varios procesados se encuentran arrepentidos y han pedido perdón por sus actos terroristas, pero en el caso de Berenson, se manifiesta siempre desafiante y no ha tenido una rectificación respecto a su ideología y la lucha armada. Estamos avisados y la advertencia está en manos de las autoridades.
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