Esta semana se pudo resolver -aunque de
manera temporal- el conflicto minero que levantó a los pobladores de Islay.
¿Por qué protestaban? Por el proyecto minero Tía María. La presencia de esta
empresa, concesión de la Souther, que al usar las aguas del Río Tambo, podría
envenenar el agua destinada para los cultivos. Ese era el principal temor de
los arquipeños, o mejor dicho de algunos pobladores de Cocachara en Arequipa.
Aquí debemos resaltar dos cosas importantes.
La inversión minera no debería ser un signo de temor en ninguna parte del
mundo, por el contrario es fuente de desarrollo, siempre y cuando se cumplan
las normas de seguridad que el gobierno de turno alcance a fiscalizar.
Por otro lado, protestar no significa
privarle sus derechos a terceros que nada tienen que ver en el asunto. Y me
refiero a la toma de carreteras, a impedir el libre tránsito del público, de
los turistas, y negociantes que se esfuerzan para traer sus productos
hacia la capital y que, por culpa de las protestas tienen que mermar sus
ganancias. Quién les repone a ellos su tiempo y ganancias perdidas.
Lo que hubo aquí es un problema de
comunicación.
El proyecto Tía María no se supo explicar
bien a los pobladores. Se les dijo que tenían un estudio de impacto ambiental
para no perjudicar sus sembríos, y este estudio nunca se colgó en la página
webb de Ministerio de Energía y Minas, lo que hubiera sido de una pequeña
garantía para evitar este conflicto que casi lincha a la reportera de un
programa dominical. ¿Qué pasó con el Estado? No supo exigir esos estudios a la
minera por lo tanto la gente de Islay se sintió burlada y se levantó en
Cocachacra.
Por el momento lo único logrado con la protesta de Islay es la formación de una
comisión técnica que evaluará esos documentos de impacto ambiental que nunca se
colgaron en la webb, y que cuenta con 90 días para definir su informe. Mientras
tanto Tía María queda en stand bye.
Por último parece que el único que ha salido
entre aplausos ha sido el Premier Javier Velásquez Quesquén, quien no fue el
que solucionó este impase sino la Defensoría del Pueblo. Al final, de no haber
sido por Beatriz Merino, el Premier y el gobierno hubieran tenido que asumir un
nuevo conflicto muy serio que no se resolvía con alusiones tales como: terroristas
viales a los que toman las carreteras. Era necesario el acercamiento.
Una vez más, el Estado estuvo ausente y
demuestra la misma cojera de siempre; carece de capacidad de diálogo.
CDH/EQM
No hay comentarios:
Publicar un comentario