Bagua: Un año después

Hay y no hay responsables directos. Esa es la conclusión un año después de la masacre ocurrida en Bagua; 34 muertos y la cifra no es exacta. Dos informes finales, de modo que no se puede seguir el discurso gobiernista de que sólo las fuerzas del orden han sido las víctimas, así como tampoco se puede seguir creyendo que el señor Alberto Pizango sea el único culpable de ese triste episodio como nos lo vienen metiendo en la cabeza a través del canal del estado. De que tiene responsabilidad la tiene, pero no es el único.

Es cierto que hubo una primera comisión investigadora luego de la tragedia. ¿Cuáles fueron sus respuestas? Recordemos a Manuel Bernales, Miembro de la Comisión de los hechos de Bagua: El caso Bagua es el resultado de un proceso largo que tiene detrás toda una política histórica de marginación y dominación sobre los pueblos del interior, y en especial sobre los pueblos de la amazonía, de discrimacion y exclavitud a la que fueron sometidos... y en la forma más actual por una política errada el gobierno que da lugar a respuestas que están dentro de la ley y otras fuera de la ley, y todo llega a producir enfrentamientos con distintos resultados, muertos y heridos...

Todo un palaberinto técnico que no satisfizo a muchos pero que, al parecer, dentro del más de un centenar de páginas que redactaron, se escondía un tufillo que sólo culpaba a los pueblos indígenas de ser como son porque el resentimiento del olvido -de parte de todos los gobiernos- los había transformado en eso; en un pueblo que se levanta contra todo. En fin, el objetivo de esta comisión era la pacificación buscando las causas y las consecuencias del enfrentamiento, pero ahí está y aún así debe tomarse en cuenta.

El segundo informe de Guido Lombardi, quien preside la comisión congresal que investiga los sucesos de Bagua tiene otra óptica y es más interesante. Él sí encuentra responsabilidad política en las ex ministras del Interior Mercedes Cabanillas, y la de Comercio Exterior Mercedes Aráoz, así como en el ex primer ministro Yehude Simon.

Para la comisión Lombardi, Mercedes Aráoz no supo explicar correctamente al Gabinete los alcances de los decretos considerados lesivos por las comunidades amazónicas, y esto con el fin de no poner en riesgo la firma del TLC con Estados Unidos. Por otra parte, Mercedes Cabanillas no supo comandar con acierto el operativo policial en la llamada Curva del Diablo, y es la principal responsable. Por último, el Premier Yehude Simon, no promovió una concertación previa que evite la posterior matanza y desaparición de cuerpos.

¿A quién le hacemos caso? Conclusión nuestra. Sí el primer informe parece perdonarle al Gobierno su impericia responsabilizando a las comunidades indígenas, más que nada, por dejarse manipular y dejándolos ante el mundo como carneritos que van a donde los llevan, pensamos: así va ser difícil llegar a reconciliarnos, ni siquiera, entre las fuerzas policiales y los indígenas del mismo Bagua. Personalmente el segundo informe me parece más realista, y pone en evidencia la falta de tacto de las autoridades del gobierno central.

Y la pregunta sigue siendo la misma: Por qué se espera el último momento para actuar frente a los conflictos sociales en el interior del país. Por qué sacamos leyes como de un sombrero de mago de la noche a la mañana sin tener en cuenta que las comunidades nativas forman parte de nuestro territorio y que con la cultura a la que pertenezcan, merecen el mismo respeto que cualquiera de los peruanos. Ahora, tomar las carreteras es ya un delito pero el delito parece ser necesario -y acepto que la afirmación es peligrosa- pero si no hay otra forma que un gobierno tome en cuenta una protesta, la situación se convierte en riesgosa y es inducida al delito.

Ha pasado un año y la solución al conflicto no es sólo levantar mausoleos para los caídos, ni complejos habitacionales para los deudos policiales, que seguro son necesarios y está bien que se lo den así como también deberían dárselos a los indígenas de Bagua, que aún padecen las consecuencias de las balas, y que se están muriendo y hay que voltear a verlos. Tristes consecuencias que han tenido que pagar para tener, recién, un ley de consulta. La carencia de institucionalidad y la falta de presencia del estado nos pueden llevar al caos en cualquier momento y en cualquier parte de nuestro país. Bagua sólo fue una muestra.



CDH/EQM