La reciente reforma de las AFP sí perjudica a los afiliados. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que ofrece una comisión más baja ese beneficio será sólo por dos años. Después el costo por administrar las pensiones de los trabajadores será la misma. ¿Entonces cuál es el beneficio de la reforma promulgada por el presidente Humala? Al parecer ninguno.
A pesar que lo prometió el mismo Humala, el tema de la comisión por saldos no se ha discutido. La comisión por saldos no es otra cosa que la libertad para que las AFP se cobren sus servicios, ya no descontados del sueldo del trabajador, sino del mismo fondo personal. Lo que significa que el costo por administrar las pensiones de la mayoría de peruanos estaría asegurada para las administradoras. Pero la novedad que no dice el congresista Jaime Delgado es que el referido pago se hará así el trabajador esté desempleado.
La diferencia cuando al empleado se le descuenta el pago de comisión para la AFP de su sueldo es que el monto que recibe su fondo siempre será uno determinado a su capacidad de ingreso. Por ejemplo si gana mil y le descuentan 100, de esos 100 el ahorro a su fondo serían 80 -descontando el pago de comisiones-. Éste es un ejemplo fácil. Pero si el descuento sale de los fondos, el total mensual será cada vez menos para efectos de interés, así ingrese un monto cada mes.
El proyecto aprobado a empujones por el Ejecutivo también es incostitucional porque los fondos de pensiones en el Perú son intangibles. Ni siquiera para el pago de reparaciones civiles se tocan. ¿Por qué el Congreso no lo discutió? La reforma pretende ingresar a todos los peruanos, incluyendo los independientes, a un sistema de previsión entre las AFP u ONP, lo cual es más catastrófico. Cómo podrá el ministerio de Economía o la SUNAT garantizar el pago regular de un comerciante minorista o mayorista. Casi no tiene sentido. Tendría que crear un sistema exclusivo para los independientes.
Es como la propuesta del mismo MEF de tantear un impuesto al ahorro. Sí los independientes ingresan a la ONP terminarán por quebrar un sistema autárquico que de por sí ya está quebrado y que nadie fiscaliza en el país.
El proyecto no es claro, no determina una verdadera competencia en el monopolio interno de las AFP, y es posible que como en otros países el ganador de la licitación más barata sea un tercero crado por el mismo grupo de las administradoras que después tendría que ser solventado por el gobierno. Y aquí hay que ser claros, el gobierno tendría que durar más de 5 años para garantizar esa promesa sin saber de dónde solventa sus programas sociales, más aún cuando reconoce -en privado- que sus promesas de candidato no se encuadran al presupuesto del país.
El Tribunal Constitucional tendrá que evaluar la incostitucionalidad de la ley promulgada irresponsablemente sin un debate previo, y emitida justo en medio de una serie de conflictos mal manejados, en medio de expectativas con el próximo cambio de gabinete, y muy mal calculada para soplarla por debajo de la mesa de los peruanos.
CDH/EQM
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