La educación privada no puede ser barata

La creación de una ley para prohibir que los alumnos de colegios privados utilicen libros de un solo uso puede ser para muchos una norma en defensa de la educación. Varios canales de televisión se prestan a satanizar el tema sin la objetividad del análisis por culpa del rating. Es lamentable oír en un noticiario que hay editoriales que venden libros a 100 ó 200 soles en perjuicio de la economía de los padres de familia que ya la pasan mal con el costo de las pensiones de sus hijos matriculados en escuelas privadas.

Hay que hacer la aclaración. Primero, lo que se debe sancionar sin necesidad de una ley es que los directores de colegios obliguen a comprar un libro específico y en una librería determinada sin tener otras opciones para escoger. Segundo, no se puede obligar a usar un libro por año en los colegios particulares con el pretexto –como dijo el presidente Ollanta Humala que forrados con vinifan alcanzaban para todos sus hermanos- que un libro podía durar varios años. La educación de hoy no es la de veinte años atrás.

Hoy los estudiantes de primaria ejercitan el origami mejor que los chinos, juegan sudoku, recortan figuras del mismo texto, escriben y se equivocan en el libro y aprenden más con la didáctica moderna que, en la medida de sus posibilidades, cada colegio privado ofrece. Ahora todo es interactivo y no se hace como en nuestra época que teníamos un cuaderno de borrador para escribir 5 horas de clase de 14 cursos y llegar a nuestras casas y pasar todo eso al cuaderno “en limpio”, y recién después desarrollar todos los temas.

La educación privada no puede ser barata. Un colegio particular ofrece mejores herramientas para aprender por lo mismo que cada padre de familia invierte dinero extra en la formación académica de su hijo. Si uno no puede afrontar esos gastos debería buscar entre las opciones que la libre competencia ofrece en el mercado.

No entiendo por qué una editorial no puede ofrecerle una laptop, un laboratorio o un premio a un colegio que consume sus productos. Qué empresa no ofrece bonos de producción, de venta o incentivo comercial que el marketing aprovecha para fidelizar a sus clientes. ¿Acaso los laboratorios no ofrecen incentivos a los médicos de clínica o particulares por la receta de un medicamento de marca? Si eso está bien o no entonces también habría que investigarlos.

El libre mercado y la competencia promueven que quien quiere puede vender sus productos o servicios al precio que desea. Y eso lo regula el consumidor. Y en esta parte debemos hacernos la pregunta: ¿Somos buenos consumidores? Por ejemplo en navidad, 28 de julio y feriados las empresas de transportes elevan el precio de los pasajes en 300%.

¿Los pueden enjuiciar por usureros?

Deberían, claro.

Pero en este país estamos acostumbrados a quejarnos y aceptar el maltrato. Hay masoquismo. Medio país se queja de los libros caros y al final compra media docena. O es que no somos tan pobres como creemos. ¿Por qué no sacamos una ley para sancionar a los consumidores que se dejan asaltar con tanto abuso?

Los profesores no pueden estar llamando a reunión a los padres de familia para elegir qué tipo de libro usar en la educación de su hijo. Eso es inaudito e irresponsable. Entonces qué tipo de criterio es el que ofrece el maestro. ¿Jugamos al yankenpó o al 50% más uno? Se tiene que confiar en un director de escuela tal como se confía en un doctor. El Ejecutivo no puede imponer que los colegios particulares ofrezcan un tipo de educación que le sale más barato al padre de familia. Cada centro educativo puede ser innovador si lo desea y eso obviamente cuesta. Nadie está obligado.

Lo que sí no se puede es aceptar es que a un padre de familia se le imponga la compra de un producto sin tener otras alternativas para escoger. Allí está la diferencia que hace que uno crea que una ley apresurada del Congreso -que debería aportar en la educación- lo único que hace es confundir y duplicar el problema.